En medio de nuevos y crecientes reclamos de dos sectores que, desde poco después del comienzo de la gestión de Javier Milei, advierten por el ajuste que sufren, el Gobierno tiene como intención reabrir la discusión sobre discapacidad y financiamiento universitario en el Congreso.

Así pudo saber Parlamentario, tanto de fuentes oficialistas como opositoras, a las cuales ya se les transmitió que el Ejecutivo tiene en carpeta discutir reformas a las leyes que fueron impulsadas el año pasado por la oposición, vetadas por el presidente y posteriormente insistidas por amplias mayorías.

Incluso, en diciembre pasado, ya con una composición parlamentaria más favorable a La Libertad Avanza, el oficialismo vio fracasar el capítulo incluido en el Presupuesto que buscaba la derogación lisa y llana de las leyes 27.793 y 27.795.

En el caso de Financiamiento Universitario, Casa Rosada se apresta a apelar la implementación de la norma ante la última instancia judicial: la Corte Suprema. En marzo pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le ordenó cumplir de inmediato con la ley.

Un mes antes de ese revés, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar la norma, pero hasta ahora no se puso en discusión.

En cuanto a discapacidad, todavía no hay definición sobre si el Gobierno piensa en una reforma a la Ley de Emergencia o directamente a la Ley de Discapacidad (22.431). Este tema también tuvo sus fallos judiciales y en febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial su reglamentación. Sin embargo, el colectivo de organizaciones de personas con discapacidad mantiene el reclamo por la plena implementación de la ley. “Las prestaciones tenían atraso y ya hubo actualización”, justificó a parlamentario.com una fuente del oficialismo.

Según supo Parlamentario, sobre lo que habría intención de avanzar es en establecer criterios más rigurosos para la obtención del Certificado Único de Discapacidad.

Enterar