Mientras Javier Milei planea convertirse en el segundo presidente en viajar a Londres desde la guerra de 1982, la administración británica de las Islas Malvinas avanza con la explotación de los recursos naturales. Al multimillonario proyecto petrolero en la cuenca León Marino, revelado por Perfil en 2025, se sumó la prórroga de los derechos de explotación pesquera hasta 2047 que habilitó a empresas de España, Taiwán, Corea, Vanuatu y Reino Unido a explotar los recursos pesqueros dentro de la zona económica exclusiva argentina a través de licencias ilegales, en función de la ley internacional y local que prohíben la explotación del territorio en disputa.

En 2022, la administración británica de las Malvinas extendió por 25 años los derechos de explotación de las principales pesquerías comerciales, consolidando un esquema que garantiza previsibilidad a las empresas hasta 2047 y refuerza el modelo económico del enclave colonial basado en la explotación de recursos naturales, en un contexto geopolítico inédito donde el Atlántico sur se convirtió en un nodo geoestratégico a nivel mundial, en función de sus recursos naturales y la proyección a la Antártida.

La decisión quedó plasmada en una resolución publicada el 31 de mayo de 2022 en el Boletín Oficial del gobierno británico de las Malvinas, donde figura que el director of Pesca estableció que las nuevas Cuotas Individuales Transferibles (ITQ, por sus siglas en inglés), que refieren a los derechos de explotación pesquera, "serán otorgadas por un período de 25 años a partir del 1 de enero de 2023", consolidando un régimen de largo plazo para las principales empresas del sector. En la práctica, el nuevo esquema garantiza esos derechos de explotación hasta 2047, salvo que sean cancelados conforme a la normativa vigente.

La medida pasó prácticamente inadvertida fuera del sector pesquero, pero representa una de las decisiones económicas más relevantes adoptadas por la administración británica. Ocurrió poco después de la aprobación del primer proyecto para la explotación petrolera de Malvinas, en la cuenca León Marino ubicada al norte de la isla Soledad, en abril de 2022. El consorcio que se adjudicó la explotación fue encabezado por la empresa israelí Navitas Petroleum, y la británica Rockhopper Exploration, que prevé extraer aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo para 2028. En caso de concretarse, pese a la condena del gobierno argentino, el proyecto se convertirá en el primer desarrollo off shore del archipiélago.

La doble iniciativa (petrolera y pesquera) responde a una renovada estrategia de la administración de los isleños para atraer inversiones y movilizar la economía. En paralelo, el Reino Unido continuó con su política de militarización del Atlántico sur, entre ellas el reciente paso del patrullero HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina y ejercicios militares realizados en el archipiélago.

España y Corea, entre los países que permiten la pesca ilegal en Malvinas

Un relevamiento realizado por Perfil sobre la plataforma Global Fishing Watch, que monitorea en tiempo casi real el movimiento de embarcaciones mediante señales AIS, detectó al 6 de julio buques con bandera de España, Corea del Sur y Vanuatu operando en aguas bajo administración británica alrededor de Malvinas.

Pesca en Malvinas

Las embarcaciones pesqueras con licencias ilegales operan mayoritariamente en las aguas circundantes al norte de las Islas Malvinas, dentro de la zona económica exclusiva argentina.

También de Taiwán, la isla autogobernada que se diferencia de la China continental que, si bien opera en la milla 201 para la pesca de calamar, desde 2010 que sus empresas no admiten licencias británicas y, por tanto, no participan de la explotación de las aguas circundantes a Malvinas. Si bien la plataforma identifica la bandera y la posición de las embarcaciones (y no el tipo de licencia bajo la que operan), el relevamiento permite dimensionar la escala del negocio pesquero en torno no solo a las Malvinas, sino también las Georgias y Sándwich del sur, donde barcos oriundos de territorios de ultramar del Reino Unido también operan con licencias ilegales.

Enterara

Fuente Análisis