La justicia de Entre Ríos marcó un hito fundamental en uno de los casos de corrupción más escandalosos de su historia reciente. Tras años de dilaciones y planteos técnicos, la causa conocida como de los Contratos Truchos en la Legislatura provincial fue elevada a juicio oral. Esta decisión no solo implica que los responsables deberán enfrentar posibles penas de prisión, sino que abre la puerta a una ofensiva económica por parte del Estado para recuperar el patrimonio sustraído.

En qué consiste la causa.

La magnitud de la causa es impactante. La investigación, liderada por los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, sostiene que entre los años 2008 y 2018 se montó un esquema de desvío de fondos públicos que alcanzó un monto estimado de 53 millones de dólares. En el desarrollo de las audiencias, el fiscal Aramberry fue tajante al calificar este proceso como un "saqueo" sistemático a la Legislatura entrerriana durante diez años.

En este escenario, Gustavo Acosta, representante de la Fiscalía de Estado, detalló que la institución que representa actúa bajo la figura de actor civil, con un objetivo que va más allá de la condena penal: el resarcimiento económico por los fondos públicos desviados.

Acosta explicó a UNO que, tras la resolución emitida por la jueza Marina Barbagelata, se destrabaron diversos obstáculos procesales interpuestos por las defensas. Específicamente, se rechazaron los intentos de frenar la demanda civil mediante excepciones de falta de legitimación y de prescripción, lo que significa que la acción para reclamar la reparación del daño sigue plenamente vigente y con paso firme hacia el debate.

"Eventualmente, una vez terminado el debate, el tribunal emitirá una sentencia que va a tener un componente penal que seguramente van a ser en función de los pedidos y las postulaciones del Ministerio Público Fiscal y va a tener un componente económico, que es en función de las postulaciones nuestras como actor civil. Si se hace lugar a nuestra petición, va a haber también una condena de índole patrimonial donde esperamos tener resarcimiento de los montos que han sido extraídos al Estado y que constituyen el perjuicio económico", ahondó.

Para la Fiscalía de Estado, el juicio oral y público será la instancia plenaria donde se buscará alcanzar lo que Acosta denomina una "verdad forense". Según el funcionario, esto consiste en una reconstrucción histórica de los hechos que permita al tribunal dictar una sentencia con dos componentes claros: uno penal, basado en las postulaciones del Ministerio Público Fiscal, y otro estrictamente patrimonial, que atienda al perjuicio irrogado al erario público.

UNO

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