En una resolución de amplio alcance, el titular del Juzgado Familia, Niños, Adolescentes y Penal de Menores de La Paz, Raul Damir Flores, resolvió admitir un amparo ambiental promovido por un grupo de vecinos afectados por estado del basural de la ciudad cabecera departamental. En un fallo firmado este 16 de junio, el magistrado declaró probado el daño y dio 12 meses para el traslado del vertedero para que el actual predio sea cerrado. Asimismo, en texto al que accedió ERA Verde, el juez Flores manda el saneamiento y relocalización de piletas de decantación de líquidos cloacales existentes en el lugar y que la Municipalidad ponga en marcha “una campaña masiva de educación ambiental”. En otro de los puntos, también reconoce “el derecho a la participación ciudadana y/o control ciudadano”, por lo cual establece que se “les dé formal participación” en la gestión de los residuos urbanos.

El fallo del juez Raúl Flores determina distintos mandamientos que van más allá de la solicitud puntal de cierre del basural de La Paz. En este orden, los vecinos que promovieron el amparo colectivo se mostraron conformes con las determinaciones de la resolución. “Ahora se tendrá que ver que se cumpla con todos los puntos”, expresó a ERA Verde uno de los litigantes, Mariano Patterno. Y en efecto, uno de los puntos relevantes de la resolución conocida este 16 de junio plantea que los ciudadanos sean parte como “actores en la ‘Mesa’ de Gobernanza creado por la Ordenanza 1.479/26 (de La Paz) y/o en cualquier otro dispositivo creado o a crearse con motivo” de lo que se ordenó en la sentencia.

Respecto a los hechos evaluados que llevaron a admitir el amparo, Flores dio por “la Existencia del Daño ambiental denunciado”. Para esto se remitió a la actual situación del vertedero que describe la demanda en la historización de cómo se llegó al estado de colapso. Un predio donde se depositan los desperdicios de la ciudad de La Paz que se encuentra “emplazado en un humedal, dentro de la cuenca del Arroyo Cabayú-Los Paraísos, curso de agua que desemboca en el río Paraná. El sitio, que nació como un lugar ‘provisorio’, se consolidó en estos dieciséis (16) años —desde 2010— como centro de disposición final de residuos sólidos urbanos – RSU- sin reunir condiciones mínimas de seguridad ambiental”. En este orden, los vecinos plantearon que el área en cuestión es “considerada de interés público para la conservación, preservación, defensa y aprovechamiento del arroyo Cabayú y sus recursos, como patrimonio natural de valor cultural e importancia turística, y en vinculación directa con un curso hídrico tributario de un río interjurisdiccional”. Y también que “se encuentra a una distancia aproximada de 200 metros de viviendas y barrios”, cuyos pobladores se ven expuestos “directa y permanente de la población a humo, olores nauseabundos, proliferación de vectores, residuos dispersos y un cuadro sanitario que se intensifica en épocas de altas temperaturas”, con “quemas prácticamente diarias”. La situación se ve agravada por el” colapso del sistema cloacal, con obstrucción de piletas de decantación que se encuentran en el mismo sitio que el basural, con el consiguiente riesgo de descarga o vertido de efluentes cloacales sin tratamiento hacia el sistema hídrico del arroyo Cabayú y su área de influencia”.

Con los años, el vertedero quedó en un “abandono total” y sin habilitación, recordó Patterno a ERA Verde. El vecino que forma parte del grupo que impulsó las quejas y demandas recordó que “en el mismo lugar funcionan las piletas de tratamiento cloacal del barrio Fátima, al ingreso de La Paz. Se pidieron reuniones y el propio municipio desconocía la situación. Un descontrol, falta de control, muy desprolijo todo, con vehículos en mal estado que llegaban desparramando basura por todos lados”, describió como parte de los antecedentes que previos a la presentación ante la Justicia. “Se negoció, de habló con el municipio, se hizo una ordenanza de urgencia ambiental, pero respuestas en sí, no hubo ninguna. Se presentó Ambiente de la provincia y no dio las respuestas esperadas. Se presentó un amparo por esta ineptitud y el desconocimiento”, comentó valorando el papel del juez que antes de resolver realizó constataciones a campo, convocó a mesas de conciliación, pidió un informe y peritaje especializado.

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