Este jueves por la mañana los representantes de los trabajadores estatales, legislativos y judiciales, que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, participaron del debate sobre el proyecto de la reforma previsional en las Comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado, presididas por Gustavo Vergara (JxER) y Juan Pablo Cosso (PJ), en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno.

El titular de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, inició la exposición con una advertencia letal: Entre Ríos se encamina a ser la primera provincia en "destrozar" la garantía del 82% móvil.

Explicó que, al calcular el haber inicial sobre los últimos 20 años de actividad en lugar de los 10 mejores, los futuros jubilados percibirán apenas el 61% de su salario, cifra que cae estrepitosamente al 51% para los regímenes diferenciales de salud mental. "Es un brutal ajuste a las condiciones de vida", sentenció Muntes, recordando que los estatales ya sufrieron una pérdida del 41% de poder adquisitivo y un aumento de aportes del 16% al 19%.

A su turno el Secretario de Organización de ATE, Víctor Sartori, llevó la discusión al terreno del financiamiento. Cuestionó que la solución siempre recaiga sobre los salarios y propuso gravar sectores con renta extraordinaria. "Hay que ponerle impuesto a las grandes extensiones de tierra y una tasa de sustentabilidad ambiental a las avenidas de arena que sacan de Victoria para Vaca Muerta". Según el gremialista, estas alternativas podrían cubrir entre el 40% y 45% del déficit actual.

Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Alfredo Britos reforzó este punto calificando al proyecto como la "ley del embudo", donde el hilo se corta por lo más delgado. Advirtió que el cálculo de 20 años es el "más largo del país" y no tiene antecedentes en ninguna de las otras 13 cajas provinciales no transferidas, lo que convierte a la norma en una "usina de litigio asegurada" por su carácter confiscatorio.

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