a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar una petición formulada por algunas de las víctimas del ex cura Justo José Ilarraz, que contaron con el patrocinio del doctor Andrés Gil Domínguez.

Incluso la CIDH remitió la petición al Gobierno de Argentina y ha fijado un plazo de tres meses -prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses-, para que presente sus observaciones, conforme al Reglamento del propio organismo, sostiene la nota firmada por Santiago Meza, secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH a la que accedió ANÁLISIS.

La presentación de Andrés Gil Domínguez patrocinando a algunas de las víctimas del ex cura Ilarraz se realizó el año pasado, cuando interpusieron en tiempo y forma, la denuncia contra el Estado argentino “por la violación de los artículos 1.1 (obligación de respetar y garantizar los derechos), 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 5.1 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 11.1 (protección de la honra y la dignidad), 19 (derechos del niño) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En el escrito -que también accedió ANÁLISIS- se indica que “dicha violación se configura a partir de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, omitiendo ejercer el control de convencionalidad interno judicial, declaró prescripta la acción penal en una causa seguida por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual cometidos por un adulto contra niños bajo su guarda y cuidado dentro de una institución educativa religiosa”.

Y agrega: “El acto estatal desconoció que la persona adulta fue condenada por la totalidad de las instancias judiciales de la Provincia de Entre Ríos (República Argentina) y que la aplicación automática del instituto de la prescripción, sin perspectiva de niñez ni ponderación del contexto institucional y de sometimiento, vulnera directamente los derechos humanos de las víctimas”.

La presentación del doctor Andrés Gil Domínguez no sólo destaca por su solidez técnica, sino también por su profundo compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas. En un escenario atravesado por años de silencios, obstáculos institucionales y decisiones judiciales controvertidas, el planteo logra poner en el centro del debate aquello que nunca debió ser desplazado: los derechos humanos de quienes padecieron abusos en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Con una argumentación rigurosa y estratégicamente construida, el escrito expone con claridad cómo la decisión de declarar prescripta la acción penal no puede leerse como un mero acto procesal, sino como un hecho estatal con consecuencias directas en la consolidación de la impunidad. Gil Domínguez articula con precisión los estándares del sistema interamericano, evidenciando la omisión del control de convencionalidad y la ausencia de una perspectiva de niñez acorde a la gravedad de los delitos denunciados.

El valor de la presentación también radica en su capacidad para reconstruir el recorrido judicial previo, subrayando que existieron condenas firmes en todas las instancias provinciales. Esa línea argumental refuerza la idea de que el desenlace en la Corte Suprema no sólo interrumpe un proceso de justicia, sino que desconoce el contexto estructural en el que ocurrieron los hechos: una institución cerrada, una relación de autoridad y víctimas que, por su edad, enfrentaban enormes barreras para denunciar.

Así, se acreditaron los requisitos de admisibilidad de la denuncia de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 

El Entree Ríos

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