La multisectorial integrada por sindicatos y organizaciones sociales, fue quien convocó a la movilización en Paraná, en rechazo al proyecto. La concentración se hizo en la Plaza 1º de Mayo y desde allí, se movilizaron hasta la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde se realizó la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones participantes.

De la convocatoria forman parte sindicatos docentes y estatales, entidades de la economía popular, ambas CTA, la CGT Regional Paraná, jubilados y organizaciones políticas. La protesta se enmarca en el tratamiento del proyecto oficial de reforma laboral en la Cámara alta.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) había indicado que la iniciativa representa “un ataque directo a los derechos laborales elementales contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y en la legislación laboral vigente”.

En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó la necesidad de “resistir todas las reformas que perjudican nuestros derechos laborales”.

Durante la lectura del documento, frente a la casa de gobierno, afirmaron que “la reforma laboral NO es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos” y responsabilizaron al Presidente por la crisis económica actual, al sostener que “el gobierno de Javier Milei es principal responsable de la crisis del mercado interno y productiva que sufrimos los trabajadores activos, jubilados, desocupados y de la economía popular”.

Durante el acto, cuestionaron el impacto de las primeras medidas económicas adoptadas en diciembre de 2023 y denunciaron que “el golpe devaluatorio fue un hachazo a los salarios” que no lograron recomponerse frente a la inflación.

También advirtieron que, según cifras citadas en el documento, “se cerraron 30 empresas por día, se perdieron 320 mil empleos formales”, y que el 70% de la población asalariada se encuentra por debajo de la canasta básica. “Los únicos que pagamos la fiesta somos los trabajadores”, remarcaron, al tiempo que vincularon el ajuste con el pago de deuda y la “timba financiera”.

En relación al contenido del proyecto, sostuvieron que la iniciativa “es la legalización de la precarización absoluta” y que representa “un ataque frontal a la Ley de Contrato de Trabajo y a los convenios colectivos”.

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