La Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es basta” dio a conocer un documento donde reafirmó los argumentos por los cuales rechaza el proyecto de Ley que regular las fumigaciones que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa comenzó a tratarse en Senadores, la cámara a quien se pide que revea el texto. “Estamos a disposición para crear una ley nueva con todos los actores, centrada en la salud y el ambiente, para una mejor producción y alimentación”, señalan en una proclama a la cual accedió ERA Verde. Desde la organización apuntan a que el texto de la Cámara baja reduce las distancias mínimas de las aplicaciones, desconociendo las resoluciones judiciales que establecen mayores márgenes de protección.
“Fumigación exprés: Sin ciencia, sin control y a metros de tu ventana”, es el título del documento dado a conocer por la “Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta” en el que reiteran el rechazo al proyecto de Ley de Agroquímicos enviado a la Legislatura por el Ejecutivo provincial cuya gestión para su sanción es liderada por el diputado Juan Manuel Rossi (PJ-JxER). La organización caga contra el legislador oriundo de Paraná porque desconoció el pedido a que pudieran intervenir científicos y profesionales de la Salud en las comisiones y que ahora en el Cámara Alta han comenzado a tener espacio.
Justamente desde el basta recuerdan que “la semana pasada, el Senado de Entre Ríos recibió por primera vez a organizaciones socioambientales de la provincia en el marco del debate por el conflictivo proyecto de ley sobre agrotóxicos. Mediante una carta presentada el miércoles 13 de noviembre, firmada por más de 800 organizaciones y personas en solo dos días, se exigió al Senado que rechace dicha iniciativa. Asimismo, se solicitó que convoquen a científicos y representantes de 22 organizaciones de diversos departamentos de Entre Ríos, quienes denunciamos que el proyecto es inconstitucional, regresivo en materia de protección ambiental, carece de sustento científico y profundizará los daños a la salud y al ambiente generados por las fumigaciones. Como ejemplo, citamos a la doctora (Delia) Aiassa, quien realizó los estudios que determinaron una distancia no menor a 1.094 metros con fumigación terrestre, fundamento de lo que ordena el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y al ingeniero Marcos Tomasoni, uno de los mayores expertos en derivas, quienes deberían ser convocados para aportar una mirada técnica que el proyecto carece”, expresaron en el documento difundido estos días.
Las distancias mínimas de protección de las pulverizaciones es uno de los puntos de mayor controversia, ya que el nuevo marco normativo estrecha los márgenes que la Justicia, en distintos amparos ambientales, ha impuesto como mínimos para sostener medidas de precaución a los venenos en suspensión y derivas de su aplicación. En este orden, apuntaron que la ley promovida por el diputado Rossi es “un retroceso ambiental y sanitario”, ya que “incumple fallos judiciales vigentes, reduce las distancias mínimas de fumigación a solo 10 metros de viviendas habitadas de manera estable y efectiva, de salas sanitarias, de establecimientos recreativos y de puestos policiales. Para los cursos de agua permanentes, áreas naturales protegidas, granjas avícolas y apiarios registrados, la distancia de ‘retiro’ de las fumigaciones se reduce a 5 metros y, para las escuelas rurales, sólo 15 metros. Todas distancias regresivas de las que actualmente se encuentran vigentes dentro del territorio provincial. Es decir, se pretende legalizar prácticas agrícolas que han causado un desastre sanitario y ambiental, buscando institucionalizar las mal llamadas ‘buenas prácticas agrícolas’, un concepto engañoso que prioriza el lucro de las empresas agroquímicas sobre la salud y la biodiversidad”, expresan en la proclama hecha pública.
Desde el Basta es Basta sostienen que la iniciativa legislativa con media sanción “lejos de ser una solución, perpetúa un modelo productivo basado en el agronegocio que destruye bosques y humedales, atenta contra las producciones libres de venenos que se están generando en Entre Ríos, genera pobreza e inseguridad alimentaria, destruye la biodiversidad y pone en grave riesgo la salud de las poblaciones. Elaborado por un sector reducido de la agroindustria que responde a los intereses de las empresas fabricantes de agrotóxicos, el texto carece de consenso social y técnico. La llamada ‘Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas’, promotora de esta ley, actúa sin fundamentos sólidos vinculados a la salud pública y el ambiente, ya que se limita a representar intereses corporativos sin ningún criterio científico”, afirmaron.
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